TAPA DEL DÍA La Justicia de Salta dio un paso decisivo en una causa de extrema gravedad al identificar a más de 30 alumnas que fueron captadas por una red criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Por el caso, ya son nueve los detenidos, acusados de integrar una organización que operaba de manera sistemática en las inmediaciones de colegios públicos y privados de la capital provincial. Según la acusación judicial, las víctimas eran adolescentes de entre 12 y 16 años, en su mayoría estudiantes de cuarto y quinto año del nivel secundario. La investigación sostiene que la banda las contactaba a la salida de las escuelas, las atraía con regalos y promesas, y luego las trasladaba a distintos puntos de la ciudad para someterlas a situaciones de explotación. El expediente señala como principal organizador a un remisero que utilizaba su vehículo para trasladar a las menores hasta departamentos, alojamientos ubicados sobre la Ruta 26 o domicilios particulares. De acuerdo con la imputación, el acusado coordinaba los encuentros, cobraba sumas que llegaban hasta los 200 mil pesos y entregaba parte del dinero o regalos a las chicas. Cuando alcanzaban la mayoría de edad, dejaban de ser incluidas en el circuito. El auto que usaba uno de los imputados para trasladar a las víctimas. (Foto: fiscales.gob.ar). La causa se inició en junio del año pasado, a partir de la denuncia de la madre de una adolescente de 16 años que advirtió cambios llamativos en la vida de su hija, entre ellos la posesión de un teléfono celular de alto valor cuyo origen no podía explicar. Al revisar los mensajes, la mujer encontró conversaciones de contenido inapropiado con un hombre adulto y dio aviso a la Policía. Ese dato permitió identificar al remisero y avanzar con un allanamiento en su vivienda. Allí se secuestró su teléfono celular y se dispuso su detención con prisión preventiva. Las pericias tecnológicas posteriores revelaron material vinculado a la explotación sexual de menores, lo que motivó que el Ministerio Público provincial solicitara el pase de la causa al fuero federal. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 1 de Salta, a cargo del juez Julio Bavio, con la investigación impulsada por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual. A partir del análisis de teléfonos y comunicaciones, la fiscalía amplió la imputación a otras ocho personas, entre ellas dos empresarios, señaladas como integrantes de la organización. Durante una audiencia realizada a fines de diciembre, la fiscalía describió un funcionamiento sostenido durante al menos dos años. En los dispositivos secuestrados se hallaron imágenes, audios y mensajes que evidencian cómo las adolescentes eran ofrecidas a distintos clientes, con referencias explícitas a edades y a pagos diferenciados según el tipo de encuentro. Hasta el momento, los investigadores lograron identificar a 33 víctimas, aunque no descartan que el número sea mayor. También se determinó que los propios clientes formaban parte del engranaje delictivo, ya que varias de las adolescentes declararon que estos hombres les pedían que contactaran a más compañeras. En el marco de la causa, intervienen la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y el Área de Víctima de la Fiscalía de Distrito, que brindan asistencia psicológica y acompañamiento a las chicas, muchas de las cuales continúan declarando mediante el sistema de Cámara Gesell. En las últimas horas, el juez Bavio resolvió ampliar las imputaciones y prorrogó el plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026. Ocho de los detenidos están acusados como coautores del delito de trata de personas agravada por la minoridad, la vulnerabilidad y la cantidad de víctimas. Cinco, además, fueron imputados por asociación ilícita. La fiscalía también formuló cargos por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores y otros delitos graves previstos en el Código Penal. Opinión pública: Este caso vuelve a poner en evidencia una realidad que incomoda pero que no puede seguir siendo ignorada: la captación de menores en entornos cotidianos y la necesidad de reforzar los controles, la prevención y la educación digital. La respuesta judicial es un paso clave, pero el desafío social es mucho más amplio y exige un compromiso sostenido del Estado y de la comunidad. TAPA DEL DÍA
